ANTICLERICALISMO

 

A la Iglesia Católica española no se le ha ocurrido todavía pedir perdón por su apoyo al golpe de Estado contra la República que, al fracasar, produjo una guerra civil a la que Pío XII otorgó nada menos que el título de CRUZADA; cruzada, sí, exactamente igual que las que se organizaron en la Edad Media contra los cátaros y contra los musulmanes para recuperar Jerusalén, entonces bajo dominio islámico.

Pero hay algo que resulta quizás hasta más inquietante, porque reflejaría cómo esta Iglesia se siente, más que impune, que también, inocente de cuanto lleva ocurriendo en este país desde hace más de cinco siglos, tiempo durante el que Ella ha sido, y no lo puede ocultar, uno de los principales protagonistas: se trata del hecho de que hasta el día de hoy no se ha preguntado por qué entre 1931 y 1936 se quemaron en España templos católicos, incluidas sus imágenes, en tanto se libraban del fuego las iglesias protestantes, los gobiernos civiles, las comisarías, las casas, palacios, cortijos y haciendas de aristócratas, grandes empresarios y terratenientes que también apoyaron el golpe de Estado. No se lo ha preguntado ni siquiera por curiosidad. En su lugar, los obispos dicen con el lado izquierdo de la boca que es necesario olvidar y no reabrir heridas, mientras con el derecho siguen canonizando sacerdotes asesinados durante el conflicto, sacerdotes a los que califica de mártires.

Recientemente, el diario El País, ha llevado a cabo una investigación periodística a través de la cual ha localizado a 253 sacerdotes y seglares empleados en instituciones religiosas que, supuestamente, habrían abusado sexualmente de al menos 1237 niños y niñas desde los años cuarenta del siglo pasado hasta nada menos que 2018. Este informe le fue entregado al papa Francisco el 2 de diciembre de 2021. El pontífice los trasladó de inmediato a la Congregación para la Doctrina de la Fe, eufemístico nombre tras el que se oculta la antigua Inquisición, en la que se centraliza la investigación de la pederastia en todo el mundo. El estudio hace referencia a 31 órdenes religiosas y a 31 diócesis.

Si se tiene en cuenta lo que se ha descubierto sobre este asunto en países como Francia, Alemania o Irlanda, democracias con libertad de prensa y de expresión desde el final de la Segunda Guerra Mundial, cabe pensar que con el hermetismo existente durante la dictadura franquista, a lo largo de la cual la Iglesia tenía un protagonismo abrumador, cabe pensar, digo, que el número real de víctimas durante el periodo indicado debe ser muy superior a esas 1237 señaladas en el estudio, deben ser probablemente miles.

A la vista de la magnitud del asunto el papa ha ordenado a la Iglesia española la apertura de una investigación a fondo. Y aquí llega lo curioso y lo grave: en un claro enfrentamiento con el pontífice, la Conferencia Episcopal Española se niega a realizar dicha investigación. Más aún: pone en duda la veracidad y validez del estudio y lo achaca "a una campaña de desprestigio por un anticlericalismo desfasado.", como, textualmente, cita El País.

Una vez más, la Iglesia en España responde a las acusaciones bien fundadas adoptando el hipócrita papel de víctima y respondiendo con su mantra preferente, el anticlericalismo. Que se dice que está incumpliendo los acuerdos de 1978, en los que se comprometía a autofinanciarse en el plazo de diez años: anticlericalismo. Que se opina, porque es de justicia, que debe pagar impuestos, como lo hacen los musulmanes y las distintas confesiones protestantes: anticlericalismo. Si se critica el pisito en el que vive un retiro dorado el cardenal Rouco Varela: anticlericalismo. Si se recuerda que la Iglesia sólo le pasa a Cáritas el 2% de su presupuesto y que dedica mucho más a su emisora de televisión: anticlericalismo. Si se dice que los obispos saben que muchas veces las leyes no tienen nada que ver con la justicia, porque lo han dicho ellos mismos, y se afirma que se han apoderado de una ingente cantidad de bienes públicos amparándose en una ley manifiestamente injusta e ilegítima: anticlericalismo. Y así una vez tras otra y tras otra y tras otra.

En el capítulo 18, versículos 5 y 6 del evangelio de Mateo se pone en boca de Jesús las siguientes palabras: "Y el que reciba a un niño como este en mi nombre a mí me recibe. Pero al que escandalizare a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino y lo hundan en lo profundo del mar."

En el capítulo 8, versículo 42, el evangelio de Marcos repite lo mismo, sólo que algo más escuetamente.

Silenciando el término, pero dándolo claramente a entender, ambos evangelios se refieren a la pederastia, pero nuestros obispos hace mucho tiempo que olvidaron los evangelios, si es que los tuvieron en cuenta alguna vez. Sin embargo, la pederastia es un asunto demasiado grave como para que esta caterva, porque no tienen otro nombre, puedan, una vez más, escapar por la tangente. Ha llegado el momento en que el Estado tiene que tomar cartas en el asunto y no seguir mirando para otro lado, porque nos encontramos ante un problema social de insoportable envergadura. Es un problema que origina la Iglesia, pero las víctimas son nuestros hijos y nuestros nietos. Ha llegado el momento de denunciar los acuerdos de 1978, que ni siquiera tienen rango de Concordado, y establecer otros acordes con los tiempos actuales. Unos acuerdos que eviten de una puñetera vez la existencia autónoma de un Estado extranjero dentro de nuestro Estado.

Imágenes: de internet.

La primera: Monseñor Argüello, secretario de la Conferencia Espiscopal.

La segunda: Juan José Omella, Cardenal arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal,

la tercera: Carlos Osoro, cardenal arzobispo de Madrid y vicepresidente Conferencia Episcopal.