ELECCIONES ECLESIÁSTICAS

Don Luis Argüello García presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Valladolid viene pidiendo de forma reiterada echar a Pedro Sánchez del Gobierno. No lo dice de un modo tan grosero, él, sumamente respetuoso con las normas de la convivencia, pide una moción de censura, una moción de confianza o la convocatoria de elecciones para hoy mismo antes que para mañana, pero su objetivo es ese: echar a Pedro Sánchez del Gobierno.

Aunque no lo dice abiertamente, su eminencia reverendísima tiene un objetivo posterior y, sin duda para él, superior a éste: conseguir que se alcen con el gobierno el PP y, sobre todo, Vox, partido del que es un ferviente admirador. A tenor de sus declaraciones, monseñor Argüello estaría encantado con un gobierno en el que el señor Feijoo fuera presidente y esa cosa que responde al nombre de Abascal, vicepresidente.

Independientemente de que la misión de la Iglesia universal y, por tanto también la española, parece que fuera algo muy distinto, la pregunta que surge es la siguiente: ¿Tiene derecho la Iglesia española a entrometerse en el terreno estricto de la política? Monseñor Argüello sostiene que habla a título personal, porque la Conferencia Episcopal no se ha pronunciado al respecto, pero eso no se lo cree ni él: un presidente de dicha conferencia, que ostenta además el cargo eclesiástico de arzobispo de Valladolir, no habla nunca a título personal, quiera o no quiera, quien habla es un representante más que destacado de la Iglesia y, por tanto, está haciendo partícipe a ésta del sentido y del significado de sus declaraciones.

Son muchas y variadas las respuestas que le caben a la pregunta más arriba planteada. La primera de todas consiste a su vez en un par al menos de preguntas: ¿Con qué autoridad moral se pide una moción de censura, una moción de confiaza o elecciones desde una institución que no admite en su seno ninguna de las tres posibilidades? ¿No constituye tales peticiones un ejercicio de burda hipocresía interesada? Son más las preguntas que cabria hacer como respuesta. Por ejemplo: ya que la Iglesia entra en política, ¿cómo es que ni moseñor Argüello ni ningún miembro de la Conferencia Episcopal cuestionan, siquiera desde el punto de vista de la compasión, casos como el del edifcio de Badalona del que han sido expulsados en la antesala de la Navidad, esos dias de tanta paz y tanta dulzura, casi quinientos inmigrantes refugiados en él, sin alternativa habitacional alguna, bastantes de ellos trabajadores legales que no pueden acceder al alquiler de una vivienda bien por su nombre, por el color de su piel o por ambas cosas?

Sí, son muchas las respuesta que se pueden dar a la pregunta citada. Pero en el marco de la intromisión de la Iglesia en el terreno de la política hay un aspecto bastante más inquietante: La Iglesia de España no es una mera entidad religiosa, sino que forma parte de un Estado, el Vaticano, que actúa dentro del Estado español. Es decir, que los obispos españoles son antes que nada representantes de dicho Estado, cuyas directrices obedecen, por más autonomía que parezcan mostrar. Cabe recordar que la visita ad limina que los obispos hacen al papa cada cuatro años para dar cuenta del estado de su diócesis sigue vigente. 

Puede afirmarse pues, porque es de una evidencia meridiana, que a la Iglesia española España y los españoles como tales sólo le importan en cuanto tienen de beneficioso para ella. Dicho más claramente: que lo único que le interesa a la Iglesia española es mantener su estatus, es decir, su capacidad de actuación y sus privilegios: la exención de impuestos; los colegios concertados, el 90% de los cuales son religiosos; la apropiación de cuantos bienes le parezcan oportunos, etc. etc.

Ante la posición claramente montaraz de los miembros de la actual Iglesia española, con manifestaciones contrarias al actual gobierno salido de las urnas y, por tanto, elegido por los españoles, no sólo de monseñor Argüello, sino también de otros obispos, como, por ejemplo, el de Oviedo, muchos en nuestro país echan de menos figuras del pasado como monseñor Tarancón, que, según se cuenta, trabajó tanto en favor de la llegada de la democracia, alineando a la Iglesia con ella. Pero, como a toda la jerarquía eclesiástica, a Tarancón lo que interesaba por encima de todo era la Iglesia y por lo que trabajó realmente fue por ponerla a resguardo de los posibles conflictos que pudieran derivarse de la desaparición de la Dictadura, de modo que no perdiera ni uno solo de sus privilegios. ¡Y lo consiguió! ¡Vaya si lo consiguió! Como que la Iglesia no sólo mantuvo sus privilegios, sino que los acrecentó, entre otras cosas con ese invento de los colegios concertados que se sacó de la manga Felipe González, invento falaz, pero fundamental para los obispos. O con la artera modificación de la Ley Hipotecaria realizada por José María Aznar en 1999, que convierte a los obispos en fedatarios públicos.

Y eso es lo que están haciendo ahora monseñor Argüello y compañía: Ven el río revuelto y ellos, excelentes pescadores, maniobran para atrapar el mejor pez, como siempre. Todo, absolutamente todo terrenal, terreno, nada de transcendía ni de espiritualida, nada. Y así, no ahora, sino desde hace casi dos mil años.